El presidente colombiano Abelardo de la Espriella firmó un decreto que flexibiliza las restricciones para portar armas de fuego legales en público.
De la Espriella, quien durante su campaña presidencial prometió mano dura contra el crimen, afirmó que «no es justo que los criminales estén armados hasta los dientes mientras la gente decente no puede defenderse».
El decreto levanta una suspensión que estuvo vigente durante una década, la cual significaba que incluso quienes poseían un permiso para portar armas no podían hacerlo sin una autorización adicional.
De la Espriella insistió en que el decreto no crearía una situación de descontrol y que se mantendrían estrictos controles sobre quién puede poseer armas.
Al firmar el decreto, el presidente declaró haber cumplido su promesa de campaña: «La palabra de un hombre es su honor, y yo tengo honor, por eso cumplo mi palabra».
La restricción para portar armas legales en público fue impuesta por el entonces presidente Juan Manuel Santos en diciembre de 2015. Originalmente, se concibió como una medida temporal para mejorar la seguridad durante las festividades navideñas.
Sin embargo, Santos y dos presidentes posteriores, pertenecientes a ideologías políticas opuestas (el conservador Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro), prorrogaron la suspensión anualmente.
Según la ley, incluso quienes poseían un permiso para portar armas no podían sacarlas de sus domicilios a menos que solicitaran —y obtuvieran— una autorización adicional.
De la Espriella ha insistido en que su decreto elimina una restricción que nunca tuvo la intención de ser permanente.
Según el diario español El País, el decreto afectará a casi 700.000 personas en Colombia que ya poseen un permiso legal para portar armas.
Ahora podrán sacar sus armas registradas de sus hogares, siempre y cuando sus permisos estén vigentes.
El senador del Partido Alianza Verde, Ariel Ávila, calificó la medida de «grave error», argumentando que las armas de fuego legales terminarían en manos de delincuentes.
Ávila insistió en que esto planteaba un dilema ético, ya que solo las fuerzas estatales deberían portar armas y garantizar la seguridad de la población.
De la Espriella insistió en que la medida no afectaría negativamente la seguridad del país y afirmó que las fuerzas de seguridad estaban persiguiendo a quienes portaban armas ilegales, habiendo incautado más de 15.000 armas de fuego en lo que va del año.
Según De la Espriella, la mayoría de ellas pertenecían a miembros de facciones disidentes de las FARC y del clan criminal del Golfo.